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Enrique Peña Nieto no es Díaz Ordaz

Enrique Peña Nieto no es Díaz Ordaz
(Por: Angélica Beltrán).- La declaración del director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, de que México vive la peor crisis de Derechos Humanos desde 1968, constituye ya una pesada lápida sobre el presidente Enrique Peña Nieto, que deberá cargar de aquí en adelante.
Ante la sospecha colectica de que los 43 estudiantes normalistas ya no están vivos, y además sufrieron un horror hasta su muerte; la tarea fundamental del ejecutivo federal es dar castigo ejemplar a los responsables “caiga quien caiga”;  como lo han repetido PRI, PAN y PRD, en su discursos de indignación.
Que lo de Ayotzinapa no quede en demagogia y se castigue a los responsables materiales e intelectuales; y los hechos no queden en la impunidad como en tiempos de Díaz Ordaz, en que en vez de castigos se repartieron cargos públicos. 
Los castigos ejemplares a los responsables, no importando su jerarquía, es lo que puede hacer diferencia entre ese paralelismo que ahora hace HRW entre lo que sucedió en 1968 y lo que ahora tiene en vilo a la sociedad mexicana e internacional.
Y aunque la comparación entre la gestión de Peña Nieto y el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz de 1968 es desproporcionada; es tal vez igual de indignante la matanza de estudiantes en Tlatelolco que la desaparición de los estudiantes de la Ayotzinapa, en Iguala Guerrero; de quienes cada vez hay menos esperanza de encontrarlos con vida.
La iniciativa Anticorrupción del PAN 
El presidente Nacional del PAN, el queretano Ricardo Anaya, presentó a la prensa la iniciativa del albiazul en el Congreso para crear un Sistema Nacional Anticorrupción, que a decir de los panistas llena vacíos del Ejecutivo federal, quien a la vez presentó una iniciativa de reforma al respecto.
La iniciativa contempla otorgarles facultades de sanción a los jueces y en general que haya consecuencias para los corruptos y que éstos paguen con cárcel, pues hasta la fecha se salen con la suya, expresó el dirigente nacional del PAN, un partido que en las últimas semanas ha dado mucho de qué hablar sobre la corrupción al interior del partido.
Reeducar a la sociedad y a los políticos a través del método tradicional del castigo está bien; lo que no está bien es el cinismo con que se han presentado en las últimas décadas algunos militantes del PAN, quienes a pesar de cometer actos de corrupción siguen como si nada en sus cargos públicos.
Sobre el éxito de esta iniciativa se podría adelantar que no será mucho, sobre todo si los proponentes se muestran indiferentes como es el caso del coordinador de los senadores, José Luis Preciado, quien apostado al lado derecho del presidente Anaya Cortés, en la conferencia de prensa, salió con el clásico “y yo por qué”, cuando un reportero cuestionó si se investigará la construcción del castillo propiedad del senador Preciado, de cuya obra no se han transparentado los recursos. A lo cual, el legislador le ganó la respuesta al presidente Anaya y dijo al reportero: ¿“Y yo por qué?”
Silvano Aureoles en Michoacán
Sin que se puedan tachar como actos adelantados de campaña en su calidad de presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Baja, el diputado Silvano Aureoles, organizó en Morelia, Michoacán, un Foro para diseñar el presupuesto para esa entidad.
El diputado Aureoles Conejo mantiene un ritmo de trabajo arduo en ese Estado, donde se la jugará de nuevo en la contienda electoral hacia el gobierno estatal.
Y aunque es cierto que de Michoacán se habla cada vez menos no obstante que las guardias comunitarias y la violencia persisten; la reunión a través de este Foro entre actores políticos y sociales para diseñar un plan presupuestal para Michoacán que encauce los recursos hacia la productividad, es digno de reconocerse.
No obstante, es claro que el trasfondo es un interés político electoral más que un compromiso social; porque ni modo que el problema del atraso y el establecimiento del crimen organizado en el territorio purépecha sea de hace unos meses; no, nada de eso, se trata de un problema que lleva décadas, precisamente en el transcurso de los gobierno locales del PRD y gobiernos federales del PAN.
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